Destruir a la Democracia
Publicada el 09 de septiembre de 2024 en el Portal Kiosco Mayor
La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, avalada por la presidenta electa y acogida con fervor por la bancada oficialista y sus aliados, es un golpe artero en contra del sistema de gobierno democrático constitucional. Las y los defensores de la reforma judicial repiten con vehemencia que se trata de un mandato emanado de las urnas. Su gran mantra es el artículo 39 de la Constitución que en su parte final establece: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”. Se les olvida leer un poco más, lo que serviría para advertir que la forma de gobierno en México, lo es según el artículo 40 de la norma fundamental, el de una república representativa, democrática y federal.
Lo anterior nos lleva a una pregunta lógica de la cual se desprenden otras tantas: si el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno y nuestra forma de gobierno es republicana, democrática, representativa y federal ¿A qué forma de gobierno aspiran el presidente, la presidenta electa y la coalición gobernante? ¿Qué están dispuestos a cambiar? ¿El modelo republicano? ¿El democrático? ¿El representativo? o ¿El federal? Considero que el México que pretenden configurar es de tipo autocrático, un género en el cual el poder político recae en un solo individuo sin contrapeso alguno.
Para allá parece apuntar la reforma propuesta al Poder Judicial. Al someter a la voluntad popular la elección de los jueces, los convierte automáticamente en rehenes de grupos de interés, sean estos de tipo político, económico o criminal. La propuesta hace de la persona titular del Poder Ejecutivo la gran electora de los cargos de ministros, magistrados y jueces. Después de todo, la iniciativa prevé que los ciudadanos voten de entre las personas propuestas por cada uno de los tres poderes. Al haber sido el Poder Judicial y las personas juzgadoras en lo general, blancos de arteros ataques y calumnias difundidas por los medios oficiales de comunicación, es de esperar que sus oportunidades de elección popular sean francamente reducidas. En adición a lo anterior, me parece pecar de ingenuidad el no concluir que las y los candidatos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo o por la coalición gobernante, tendrían el apoyo de las estructuras territoriales partidistas y gubernamentales para sacar adelante la correspondiente elección, creando un vínculo de dependencia de difícil destrucción.
De esta forma y en nombre del pueblo, el Ejecutivo se haría del control del único poder con capacidad para poner freno a sus excesos. Irónicamente, el gran perdedor resulta el pueblo mismo, que ya no contaría con mecanismos para la defensa de sus derechos cuando estos fueran violentados desde el gobierno. Un sistema de elecciones como el que se propone en la reforma al poder judicial anula las garantías de independencia de las y los juzgadores y con ello destruye el corazón mismo de la democracia constitucional.
Contrario a lo que muchos defensores de la reforma al poder judicial sostienen, concebir a la democracia como un sistema en el que el pueblo participa de la toma de decisiones constituye una visión sesgada, parcial y sumamente peligrosa. En nombre del pueblo y con la anuencia de la voluntad popular, en la historia de la humanidad hemos sido testigos de verdaderas atrocidades. De ahí el surgimiento del movimiento a favor de los Derechos Humanos, como un núcleo de derechos y libertades inviolables incluso para las mayorías. Garantizar eficazmente el respeto a estos derechos, tiene como condición necesaria el contar con una judicatura independiente, ajena a los vaivenes de las preferencias populares. De esta forma, el sentido moderno de democracia acompaña a esa participación popular en la toma de decisiones con una garantía de respeto a los derechos de las personas y esta garantía solo puede existir a través de juzgadoras y juzgadores independientes. Si falta alguno de estos elementos no hay verdadera democracia.
Defender al Poder Judicial ante los embates del Ejecutivo, no significa rechazar la posibilidad de cambios que mejoren su funcionamiento. Sin embargo, estos deben partir de un diagnóstico puntual, profesional y objetivo, considerando aquellas dimensiones que integran a un buen sistema de justicia: acceso, independencia e imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, ausencia de dilaciones, entre otras. En cambio, poco se puede lograr cuando una reforma parte de la visceralidad y del deseo de acumular más poder, como me temo es el caso.
Finalmente, deseo destacar que soy un convencido de que el Poder Judicial de la Federación es la rama de gobierno que mejor se ha profesionalizado a lo largo de las últimas décadas. Como docente y estudioso del tema, rechazo las aseveraciones de la existencia de una corrupción generalizada. Entiendo que la labor de las y los jueces constitucionales resulte incómoda para quienes ejercen su función desde el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo. Sin embargo, la ciudadanía en general e incluso quienes forman parte de los partidos políticos, sea en el gobierno o en la oposición, nos beneficiamos por igual de una judicatura independiente y profesional. No destruyamos lo que tanto trabajo nos ha costado construir: nuestra incipiente y todavía mejorable democracia.